El sistema de incompatibilidades y declaraciones patrimoniales de los diputados
La regulación de las incompatibilidades parlamentarias y las obligaciones de transparencia patrimonial constituyen pilares fundamentales del sistema democrático español, diseñados para prevenir conflictos de intereses y garantizar que los diputados ejerzan su función representativa con plena dedicación y sin condicionamientos externos. Este entramado normativo, que encuentra su base en el artículo 70 de la Constitución Española, se ha desarrollado a través de sucesivas reformas legislativas que han ido endureciendo los controles y ampliando las exigencias de transparencia.
El régimen de incompatibilidades de los diputados se articula principalmente a través de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985 y el Reglamento del Congreso de los Diputados. El principio rector establece que la condición de diputado es incompatible con el desempeño de cualquier otra función pública, salvo las excepciones expresamente previstas en la ley. Esta regulación busca garantizar la independencia del parlamentario y evitar la acumulación de cargos que pudiera comprometer su dedicación o generar conflictos de intereses.
Entre las incompatibilidades absolutas figura el ejercicio simultáneo del cargo de diputado con cualquier otro mandato representativo. Un diputado no puede ser al mismo tiempo senador, parlamentario autonómico, diputado provincial o concejal. Esta prohibición se extiende también a los parlamentarios del Parlamento Europeo. La única excepción contemplada permite compatibilizar el escaño en el Congreso con el cargo de alcalde, una singularidad del sistema español que ha generado debates recurrentes sobre su conveniencia.
El ámbito de la función pública presenta un régimen especialmente estricto. Los diputados no pueden desempeñar ningún cargo en la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales. Esta incompatibilidad alcanza tanto a los funcionarios de carrera como al personal laboral del sector público. Los afectados deben optar entre el escaño y su puesto público en el plazo de veinte días desde la proclamación de su elección. Si eligen el mandato parlamentario, pasan a la situación administrativa de servicios especiales, que les reserva el puesto de trabajo y les permite continuar cotizando a efectos de pensiones.
Las incompatibilidades se extienden también a determinados cargos y funciones en el sector público empresarial. Los diputados no pueden ser presidentes, vocales, consejeros, directores generales, gerentes o cargos asimilados en empresas públicas, organismos autónomos o cualquier entidad del sector público. Tampoco pueden formar parte de los órganos de gobierno del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, o cualquier otro organismo regulador o supervisor.
El sector privado también está sujeto a limitaciones significativas. Los diputados no pueden ejercer funciones de dirección, representación o asesoramiento en empresas que contraten con el sector público. Esta prohibición abarca tanto los contratos de obras y servicios como las concesiones administrativas. La norma busca evitar que los parlamentarios utilicen su posición para favorecer intereses empresariales particulares o se beneficien de información privilegiada.
La actividad profesional privada está permitida con importantes restricciones. Los diputados pueden ejercer profesiones liberales o desarrollar actividades empresariales siempre que no incurran en las prohibiciones específicas establecidas en la ley. Sin embargo, no pueden desempeñar actividades privadas que puedan comprometer su imparcialidad o menoscabar el cumplimiento de sus deberes parlamentarios. La Comisión del Estatuto de los Diputados es el órgano encargado de valorar cada caso concreto.
Un aspecto particularmente regulado es la prohibición de percibir más de una remuneración con cargo a los presupuestos públicos. Los diputados que sean funcionarios en situación de servicios especiales solo pueden optar entre percibir la retribución correspondiente a su cargo parlamentario o la que les correspondería como funcionarios, pero nunca ambas. Esta norma se aplica también a las pensiones públicas, aunque con matices específicos según el tipo de pensión.
El procedimiento de control de las incompatibilidades comienza desde el momento mismo de la proclamación de los electos. Los diputados deben presentar, en los veinte días siguientes a su proclamación, una declaración de actividades que incluya cualquier cargo público, actividad profesional, mercantil o laboral que desempeñen. Esta declaración debe especificar si las actividades son susceptibles de proporcionar ingresos económicos y su naturaleza pública o privada.
La Comisión del Estatuto de los Diputados examina cada declaración para determinar si existe alguna causa de incompatibilidad. Si detecta alguna situación irregular, requiere al diputado para que opte entre el escaño y la actividad incompatible. El diputado dispone de ocho días para ejercer la opción. Si no lo hace, se entiende que renuncia al escaño. La Comisión puede también establecer un régimen de compatibilidad condicionada, permitiendo ciertas actividades con limitaciones específicas.
El control no se limita al momento inicial. Los diputados tienen la obligación de comunicar cualquier modificación en sus actividades que pueda afectar al régimen de incompatibilidades. La Comisión del Estatuto mantiene un registro actualizado de las declaraciones y puede realizar comprobaciones de oficio. Cualquier grupo parlamentario puede también solicitar que se examine la situación de un diputado si considera que puede existir una incompatibilidad no declarada.
El sistema de declaraciones patrimoniales constituye el otro gran pilar de la transparencia parlamentaria. Desde 1995, los diputados están obligados a presentar una declaración de bienes y derechos patrimoniales al tomar posesión del cargo. Esta declaración debe incluir todos los bienes inmuebles, valores mobiliarios, cuentas bancarias, vehículos, objetos de arte y cualquier otro bien o derecho de contenido económico del que sean titulares.
La declaración patrimonial debe presentarse también al cesar en el cargo, lo que permite verificar la evolución del patrimonio durante el mandato parlamentario. Además, los diputados deben actualizar su declaración cuando se produzcan variaciones significativas en su patrimonio. La normativa establece que se consideran significativas las variaciones que superen el 10% del valor total declarado o los 30.000 euros en términos absolutos.
El contenido de las declaraciones patrimoniales es exhaustivo. Los bienes inmuebles deben declararse con indicación de su naturaleza, ubicación, fecha de adquisición y valor catastral actualizado. Los valores mobiliarios se declaran especificando la entidad emisora, el número de títulos y su valor de mercado. Las cuentas bancarias se reflejan indicando la entidad y el saldo medio anual. Los vehículos se identifican por marca, modelo y año de matriculación.
Un aspecto relevante es la inclusión de las deudas y obligaciones patrimoniales. Los diputados deben declarar todos los préstamos, créditos y demás obligaciones económicas, especificando la entidad acreedora, el importe inicial, el saldo pendiente y las garantías constituidas. Esta información permite tener una visión completa de la situación patrimonial real del parlamentario.
La publicidad de las declaraciones ha experimentado una evolución significativa. Inicialmente, las declaraciones solo podían consultarse previa solicitud motivada. Desde 2011, las declaraciones de bienes y derechos se publican íntegramente en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y en la página web del Congreso. Esta publicación incluye todos los datos salvo aquellos que puedan afectar a la privacidad o seguridad del declarante o su familia, como las direcciones completas de los inmuebles.
Las declaraciones de actividades también son públicas y accesibles a través de la web del Congreso. Cada ficha de diputado incluye información sobre sus actividades profesionales anteriores, las que mantiene compatibles durante el mandato y cualquier otra circunstancia relevante para valorar posibles conflictos de intereses. Esta transparencia permite a los ciudadanos conocer los vínculos profesionales y económicos de sus representantes.
El incumplimiento de las obligaciones de declaración tiene consecuencias significativas. La no presentación de las declaraciones en plazo puede dar lugar a la imposición de sanciones económicas que oscilan entre 600 y 6.000 euros. En casos graves de ocultación o falsedad, las consecuencias pueden ser penales, tipificándose como delito de falsedad en documento público. Además, el incumplimiento reiterado puede motivar la actuación del Grupo Parlamentario correspondiente.
La Ley de Transparencia de 2013 reforzó estas obligaciones al establecer que las declaraciones de bienes y derechos deben incluir también las participaciones societarias y los objetos de especial valor. Los diputados deben declarar cualquier participación superior al 10% en sociedades mercantiles, así como los cargos que ocupen en consejos de administración. Los objetos de arte, joyas y otros bienes suntuarios deben declararse cuando su valor unitario supere los 6.000 euros.
Un elemento adicional de control lo constituye la obligación de presentar copia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, en su caso, del Impuesto sobre el Patrimonio. Aunque estos documentos no se publican, quedan a disposición de la Comisión del Estatuto para verificar la coherencia entre las declaraciones tributarias y las parlamentarias. Esta medida busca detectar posibles discrepancias u omisiones.
El régimen de incompatibilidades se extiende también al periodo posterior al cese en el cargo. Durante los dos años siguientes a su cese, los exdiputados no pueden realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hubieran dictado resolución en el ejercicio de su cargo. Esta limitación, conocida como periodo de enfriamiento o cooling-off, busca evitar el uso indebido de información privilegiada o de contactos institucionales.
La comparación internacional muestra que el sistema español se sitúa entre los más exigentes en materia de transparencia patrimonial. Mientras que en algunos parlamentos las declaraciones son confidenciales o incluyen solo categorías genéricas de bienes, en España la publicación es detallada y accesible. Sin embargo, algunos aspectos como el control de las actividades posteriores al mandato o la verificación sistemática de las declaraciones presentan margen de mejora respecto a las mejores prácticas internacionales.
La efectividad del sistema depende en gran medida de la capacidad de control y verificación. La Comisión del Estatuto de los Diputados, compuesta por un miembro de cada grupo parlamentario, realiza esta función con el apoyo técnico de los servicios de la Cámara. Sin embargo, la naturaleza política de su composición ha generado críticas sobre la conveniencia de establecer mecanismos de control más independientes o tecnificados.
Las organizaciones de transparencia y los medios de comunicación desempeñan un papel complementario fundamental en el control del cumplimiento de estas obligaciones. El análisis periodístico de las declaraciones ha permitido detectar omisiones o inconsistencias que han motivado rectificaciones o aclaraciones por parte de los diputados. Esta función de vigilancia social refuerza la efectividad del sistema formal de control.
La evolución del marco normativo refleja una tendencia hacia mayores exigencias de transparencia y control. Las sucesivas reformas han ido cerrando lagunas, ampliando el ámbito de las declaraciones y endureciendo las incompatibilidades. Esta evolución responde tanto a las demandas sociales de mayor transparencia como a los estándares internacionales en materia de integridad parlamentaria.
