Cómo funciona una moción de censura en el Congreso
La moción de censura constituye el mecanismo más drástico de control parlamentario al Gobierno en el sistema constitucional español. Este instrumento, que permite al Congreso de los Diputados retirar su confianza al presidente del Gobierno y sustituirlo por un candidato alternativo, representa la máxima expresión del principio de responsabilidad política del ejecutivo ante el legislativo. Su diseño en la Constitución de 1978, inspirado en el modelo alemán de la moción de censura constructiva, busca equilibrar el control democrático con la estabilidad gubernamental, estableciendo requisitos y procedimientos que dificultan su uso frívolo o meramente obstruccionista.
El artículo 113 de la Constitución Española establece los elementos fundamentales de la moción de censura. A diferencia de otros sistemas parlamentarios donde basta con derribar al Gobierno sin proponer alternativa, el modelo español exige que toda moción de censura sea "constructiva", es decir, debe incluir un candidato alternativo a la presidencia del Gobierno. Esta exigencia, tomada de la Ley Fundamental de Bonn alemana, busca evitar vacíos de poder y garantizar la continuidad gubernamental, obligando a la oposición no solo a rechazar al Gobierno existente sino a articular una alternativa viable.
Los requisitos formales para presentar una moción de censura son deliberadamente exigentes. Debe ser propuesta al menos por la décima parte de los diputados, es decir, un mínimo de 35 parlamentarios. Esta firma debe incluir necesariamente diputados de más de un grupo parlamentario, impidiendo que un solo partido pueda promover unilateralmente una moción. Los firmantes deben presentar un documento escrito en el que se motive la moción y se proponga un candidato a la presidencia del Gobierno, que debe haber aceptado previamente su candidatura.
El procedimiento se inicia con la presentación del escrito en el Registro del Congreso. La Mesa de la Cámara verifica que cumple los requisitos formales y, si es así, admite a trámite la moción y ordena su publicación. Desde ese momento se abre un plazo de dos días durante el cual pueden presentarse mociones alternativas, que deben cumplir idénticos requisitos. Esta posibilidad, raramente utilizada, permite que otros grupos propongan sus propios candidatos si consideran que existe espacio político para una alternativa diferente.
Una característica crucial del sistema español es el periodo de reflexión obligatorio. Entre la presentación de la moción y su debate deben transcurrir al menos cinco días. Este "periodo de enfriamiento" busca evitar decisiones precipitadas y permite la negociación política, la reflexión de los diputados y la movilización de la opinión pública. Durante estos días, la actividad política se intensifica extraordinariamente, con reuniones entre grupos parlamentarios, declaraciones públicas y análisis mediáticos que configuran el clima en el que se desarrollará el debate.
El debate de la moción de censura constituye uno de los momentos de mayor solemnidad parlamentaria. Se desarrolla siguiendo un orden estricto establecido en el Reglamento del Congreso. Primero interviene uno de los diputados firmantes de la moción para defenderla, sin límite de tiempo. A continuación, toma la palabra el candidato propuesto, que expone su programa de gobierno también sin restricción temporal. Estas intervenciones iniciales suelen ser extensas y detalladas, constituyendo verdaderos discursos programáticos que van mucho más allá de la crítica al Gobierno censurado.
Tras estas intervenciones iniciales, toma la palabra un representante del Gobierno, habitualmente el presidente, que puede intervenir el tiempo que considere necesario. Los grupos parlamentarios intervienen a continuación de mayor a menor, con tiempos proporcionales a su representación. El candidato propuesto y los miembros del Gobierno pueden replicar individual o colectivamente a los grupos, sin límite de tiempo. Esta estructura permite debates que se extienden durante varios días, convirtiéndose en verdaderos momentos de reflexión sobre el estado de la nación.
La votación de la moción de censura requiere mayoría absoluta del Congreso, es decir, 176 votos favorables como mínimo. La votación es pública y nominal, llamándose a cada diputado por orden alfabético para que exprese su voto de viva voz. Este procedimiento solemne subraya la trascendencia del acto y la responsabilidad individual de cada parlamentario. Si la moción obtiene la mayoría absoluta requerida, se entiende otorgada la confianza al candidato propuesto, que será nombrado presidente del Gobierno por el Rey.
Las consecuencias del resultado son automáticas e inmediatas. Si la moción prospera, el Gobierno cesa en bloque y el nuevo presidente asume inmediatamente las funciones, aunque formalmente debe esperar al nombramiento real. Si la moción fracasa, sus firmantes no pueden presentar otra moción en el mismo periodo de sesiones, una restricción que busca evitar el uso abusivo de este mecanismo. Esta limitación no afecta a otros diputados que no firmaron la moción fracasada, que podrían promover una nueva si consiguen los apoyos necesarios.
La historia de las mociones de censura en la democracia española es relativamente breve pero intensa. La primera se presentó en mayo de 1980, cuando el PSOE, con Felipe González como candidato, censuró al Gobierno de Adolfo Suárez. Aunque fracasó por amplio margen (152 votos en contra, 166 a favor y 21 abstenciones), marcó un hito en la consolidación del parlamentarismo español y contribuyó al desgaste político que llevaría a Suárez a dimitir meses después.
La segunda moción de censura llegó en marzo de 1987, cuando Alianza Popular, liderada por Antonio Hernández Mancha, intentó derribar al Gobierno socialista de Felipe González. El resultado fue aún más adverso para los proponentes, con solo 67 votos a favor frente a 195 en contra. Esta moción tuvo el efecto paradójico de reforzar al Gobierno censurado y debilitar internamente al principal partido de oposición, evidenciando los riesgos políticos de promover una moción sin posibilidades reales de éxito.
Hubieron de pasar tres décadas para la tercera moción, presentada en junio de 2017 por Unidos Podemos contra el Gobierno de Mariano Rajoy, con Pablo Iglesias como candidato. Con 82 votos a favor, 170 en contra y 97 abstenciones, la moción fracasó pero evidenció la fragmentación del panorama político español y prefiguró la crisis política que estallaría un año después.
La cuarta moción de censura, presentada por el PSOE en mayo de 2018 con Pedro Sánchez como candidato, se convirtió en la primera exitosa de la democracia española. La sentencia del caso Gürtel, conocida días antes, proporcionó el contexto político que permitió articular una mayoría alternativa. Con 180 votos a favor, 169 en contra y 1 abstención, Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno, marcando un precedente histórico y demostrando que la moción de censura constructiva podía funcionar como mecanismo efectivo de alternancia política.
La quinta y hasta ahora última moción fue presentada por Vox en marzo de 2023 contra el Gobierno de Pedro Sánchez, con Santiago Abascal como candidato. Su fracaso era previsible desde el inicio (53 votos a favor y 201 en contra), pero el partido proponente buscaba más un impacto mediático y la movilización de su electorado que una posibilidad real de éxito. Esta moción ilustra cómo el instrumento puede utilizarse con fines de posicionamiento político más que como verdadero mecanismo de cambio gubernamental.
El análisis comparado muestra que el modelo español de moción de censura constructiva es excepcional. La mayoría de sistemas parlamentarios permiten mociones "destructivas" que simplemente derriban al Gobierno sin proponer alternativa. En el Reino Unido, una moción de no confianza exitosa lleva normalmente a la convocatoria de elecciones. En Italia o Francia, el Gobierno censurado dimite y el jefe del Estado debe gestionar la formación de un nuevo ejecutivo. Solo Alemania, Bélgica, Polonia, Eslovenia, Israel y España exigen la presentación de un candidato alternativo.
La moción de censura constructiva presenta ventajas e inconvenientes ampliamente debatidos en la doctrina constitucional. Entre las ventajas destaca la estabilidad gubernamental que proporciona, evitando vacíos de poder y gobiernos técnicos de transición. También fuerza a la oposición a articular alternativas concretas y asumir responsabilidades, no limitándose a la crítica destructiva. La necesidad de proponer un candidato y un programa obliga a construir mayorías positivas, no meras coaliciones negativas contra el Gobierno.
Los inconvenientes del modelo incluyen su rigidez, que puede mantener en el poder a gobiernos que han perdido apoyo parlamentario pero contra los que no se articula una alternativa única. La exigencia de mayoría absoluta y candidato alternativo puede bloquear cambios políticos deseados por una mayoría de la cámara pero incapaz de acordar un liderazgo único. Algunos críticos argumentan que este modelo refuerza el bipartidismo y dificulta la renovación política en sistemas fragmentados.
La preparación de una moción de censura implica un complejo trabajo político y jurídico. Los promotores deben asegurar los apoyos necesarios mediante negociaciones discretas, ya que el elemento sorpresa puede ser crucial. La redacción del texto motivado requiere equilibrar la crítica al Gobierno con la presentación de una alternativa creíble. El candidato propuesto debe preparar un discurso programático que convenza no solo a los diputados sino también a la opinión pública.
El papel de los medios de comunicación durante una moción de censura es fundamental. La cobertura mediática intensiva convierte el debate parlamentario en un evento de máxima audiencia. Los análisis políticos, las encuestas de opinión y los editoriales configuran un clima de opinión que puede influir en diputados indecisos. Las redes sociales han añadido una nueva dimensión, permitiendo la movilización instantánea de apoyos y críticas.
Los efectos políticos de una moción de censura trascienden su resultado inmediato. Una moción fracasada puede debilitar a sus promotores, como ocurrió con Hernández Mancha en 1987, o reforzar su liderazgo si se percibe como un ejercicio legítimo de oposición. Para el Gobierno, superar una moción puede proporcionarle un nuevo impulso político o evidenciar su debilidad parlamentaria. La mera presentación de una moción altera las dinámicas parlamentarias y puede acelerar realineamientos políticos.
La dimensión constitucional de la moción de censura ha sido objeto de importantes pronunciamientos del Tribunal Constitucional. La STC 123/2017 estableció que los diputados tienen derecho a votar según su criterio, sin que los grupos parlamentarios puedan imponer sanciones por votar en contra de sus directrices. Esta doctrina refuerza el carácter individual del voto en las mociones de censura, aunque en la práctica la disciplina de partido sigue siendo determinante.
El debate sobre posibles reformas del sistema de moción de censura resurge periódicamente. Algunas propuestas sugieren reducir la mayoría necesaria a mayoría simple, permitir mociones destructivas o limitar el número de mociones que puede presentar cada grupo por legislatura. Otros defienden el modelo actual argumentando que ha demostrado su funcionalidad y que los cambios podrían generar inestabilidad gubernamental. La reforma requeriría modificar la Constitución, lo que exige amplios consensos difíciles de alcanzar.
La moción de censura interactúa con otros elementos del sistema parlamentario español. Su existencia condiciona las estrategias de oposición, que deben valorar cuándo el desgaste ordinario del Gobierno es preferible al riesgo de una moción fracasada. Para el Gobierno, la amenaza latente de una moción influye en su gestión de las mayorías parlamentarias y sus relaciones con grupos minoritarios que pueden ser decisivos.
El futuro de la moción de censura en España dependerá de la evolución del sistema de partidos. La fragmentación parlamentaria posterior a 2015 ha hecho más compleja la articulación de mayorías alternativas pero también más necesaria la búsqueda de consensos amplios. La experiencia de 2018 demostró que, incluso en contextos de alta fragmentación, la moción constructiva puede funcionar como mecanismo de cambio político cuando concurren las circunstancias adecuadas.
