Historia del Congreso de los diputados

El Congreso de los Diputados, tal como lo conocemos hoy, hunde sus raíces en los albores del constitucionalismo español, cuando las ideas liberales comenzaron a erosionar los cimientos del absolutismo monárquico. Su historia, marcada por avances y retrocesos, revoluciones y restauraciones, dictaduras y renacimientos democráticos, constituye un fiel reflejo de los convulsos dos siglos de historia contemporánea española. Desde las Cortes de Cádiz hasta el parlamentarismo actual, la institución ha sido escenario y protagonista de las transformaciones políticas que han configurado la España moderna.

El precedente más remoto del parlamentarismo español se encuentra en las Cortes medievales de los diferentes reinos peninsulares, asambleas estamentales donde nobleza, clero y representantes de las ciudades asesoraban al monarca y aprobaban subsidios. Sin embargo, el verdadero origen del Congreso moderno debe buscarse en las Cortes de Cádiz, convocadas en 1810 en plena Guerra de la Independencia. En el oratorio de San Felipe Neri, mientras las tropas napoleónicas asediaban la ciudad, los diputados alumbraron la Constitución de 1812, primera carta magna española que establecía la soberanía nacional y la división de poderes.

Las Cortes gaditanas introdujeron principios revolucionarios para la época. Los diputados, elegidos por sufragio indirecto a razón de uno por cada 70.000 habitantes, representaban a la nación y no a estamentos. Los debates, públicos y recogidos en diarios de sesiones, abordaron reformas fundamentales: abolición de señoríos, libertad de imprenta, supresión de la Inquisición. Aunque el regreso de Fernando VII en 1814 supuso la disolución de las Cortes y la vuelta al absolutismo, el precedente estaba establecido.

El Trienio Liberal (1820-1823) supuso la restauración temporal del régimen constitucional y las Cortes. Durante estos tres años, los diputados impulsaron reformas modernizadoras en un clima de creciente polarización entre liberales moderados y exaltados. La intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis restauró nuevamente el absolutismo, iniciando la "Década Ominosa" en la que las Cortes permanecieron clausuradas y muchos liberales partieron al exilio o fueron ejecutados.

La muerte de Fernando VII en 1833 y la minoría de edad de Isabel II abrieron un nuevo periodo de transformación. El Estatuto Real de 1834 estableció unas Cortes bicamerales con un Estamento de Próceres y un Estamento de Procuradores del Reino. Aunque su carácter era consultivo y el sufragio extremadamente restrictivo, marcó el inicio de una práctica parlamentaria continuada. Las nuevas Cortes se instalaron en el antiguo convento del Espíritu Santo en la carrera de San Jerónimo, aunque el edificio resultó pronto inadecuado para las necesidades parlamentarias.

La necesidad de una sede digna para las Cortes llevó a la construcción del actual Palacio del Congreso. El proyecto, encargado al arquitecto Narciso Pascual y Colomer, se inspiró en modelos neoclásicos y comenzó en 1843. La primera piedra fue colocada por Isabel II, y los trabajos se prolongaron hasta 1850. El edificio, con su característico pórtico de columnas corintias y los leones de bronce que flanquean la entrada desde 1865, se convirtió en símbolo del parlamentarismo español.

La inauguración del nuevo edificio el 31 de octubre de 1850 coincidió con un periodo de relativa estabilidad parlamentaria bajo el reinado de Isabel II. El hemiciclo, diseñado en forma de teatro a la italiana, podía albergar a los 349 diputados previstos en la legislación electoral. Los escaños, dispuestos en semicírculo, reflejaban la división política: conservadores a la derecha del presidente, progresistas a la izquierda, origen de la identificación espacial de las tendencias políticas que perdura hasta hoy.

El Sexenio Revolucionario (1868-1874) transformó profundamente el parlamentarismo español. La Revolución de 1868 derrocó a Isabel II e inauguró un periodo de experimentación democrática. Las Cortes Constituyentes de 1869 aprobaron la constitución más avanzada del siglo XIX español, estableciendo el sufragio universal masculino, amplias libertades y la monarquía parlamentaria. Los debates sobre la forma de gobierno, la libertad religiosa o los derechos individuales alcanzaron cotas de brillantez oratorias memorables, con figuras como Castelar, Cánovas o Pi y Margall.

La Primera República (1873-1874) llevó el parlamentarismo a situaciones extremas. En apenas once meses se sucedieron cuatro presidentes, todos ellos surgidos de las Cortes. Los debates sobre el modelo territorial, con proyectos de constitución federal, evidenciaron las profundas divisiones del país. El golpe del general Pavía el 3 de enero de 1874, disolviendo las Cortes manu militari, simbolizó el fracaso de aquella experiencia democrática prematura.

La Restauración borbónica (1875-1923) estableció un parlamentarismo particular basado en el turno pacífico entre conservadores y liberales. Cánovas del Castillo diseñó un sistema que, aunque formalmente parlamentario, descansaba en el fraude electoral sistemático y el caciquismo. Las Cortes de la Restauración, pese a sus limitaciones democráticas, conocieron debates de alto nivel y aprobaron reformas significativas. La introducción del sufragio universal masculino en 1890 no alteró sustancialmente un sistema viciado desde su origen.

El edificio del Congreso experimentó durante la Restauración importantes mejoras. Se instaló la iluminación eléctrica en 1892, se amplió la biblioteca y se mejoró el sistema de calefacción. El hemiciclo fue escenario de momentos históricos como los debates sobre la pérdida de las últimas colonias en 1898 o los sucesivos intentos de regeneración del sistema. La crisis del turno dinástico tras la Primera Guerra Mundial llevó a una creciente inestabilidad parlamentaria.

La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) supuso la clausura del Congreso y la suspensión de la vida parlamentaria. El edificio permaneció cerrado mientras el dictador gobernaba mediante decretos-leyes. La Asamblea Nacional Consultiva creada por Primo de Rivera en 1927, con miembros designados, fue un simulacro de representación sin poderes reales ni legitimidad democrática. El fracaso de la dictadura y la caída de la monarquía abrieron paso a un nuevo periodo democrático.

La Segunda República (1931-1936) representó el momento de mayor plenitud del parlamentarismo español antes de la democracia actual. Las Cortes Constituyentes elegidas en junio de 1931 redactaron una constitución avanzada que establecía una república democrática de trabajadores, el sufragio universal incluyendo por primera vez a las mujeres, y amplios derechos sociales. El hemiciclo vivió debates trascendentales sobre la reforma agraria, el estatuto de Cataluña, la cuestión religiosa o la legislación social.

El Congreso republicano fue escenario de grandes oradores y momentos dramáticos. Los discursos de Azaña, las intervenciones de Clara Campoamor defendiendo el voto femenino, los debates entre Prieto y Largo Caballero, o la tensión creciente entre las dos Españas que culminaría en la Guerra Civil. La composición del hemiciclo, fragmentada entre múltiples partidos, reflejaba la polarización social. La última sesión ordinaria se celebró el 15 de julio de 1936, tres días antes del alzamiento militar.

La Guerra Civil (1936-1939) dispersó las Cortes republicanas, que continuaron reuniéndose en Valencia, Barcelona y finalmente en el exilio. El edificio del Congreso, situado en zona republicana durante toda la guerra, sufrió algunos daños por los bombardeos pero se mantuvo en pie. Las Cortes republicanas celebraron su última sesión en territorio español en Figueras el 1 de febrero de 1939, y continuaron en el exilio mexicano hasta 1945.

La dictadura franquista (1939-1975) eliminó el parlamentarismo democrático, aunque mantuvo una ficción de representación a través de las Cortes franquistas. Estas Cortes, con procuradores designados o elegidos indirectamente a través de la organización corporativa del régimen, carecían de poder real y se limitaban a ratificar las decisiones del dictador. El edificio del Congreso albergó estas Cortes orgánicas, despojadas de todo carácter democrático. Los "procuradores familiares" introducidos en 1967 fueron un tímido intento de apertura sin consecuencias reales.

La Transición democrática devolvió al Congreso su función representativa. Las Cortes surgidas de las elecciones del 15 de junio de 1977, aunque formalmente continuadoras de las franquistas, asumieron poderes constituyentes. La legislatura 1977-1979 fue crucial: los diputados, en un ejercicio de consenso histórico, elaboraron la Constitución de 1978. Los debates constitucionales, con ponentes como Herrero de Miñón, Péces-Barba, Solé Tura o Roca Junyent, alumbraron el marco de convivencia que rige España hasta hoy.

El 22 de julio de 1977, el Rey Juan Carlos I inauguró solemnemente las primeras Cortes democráticas. El hemiciclo, que había conocido tantos vaivenes históricos, volvía a albergar representantes elegidos libremente. La imagen de Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, ocupando su escaño tras décadas de clandestinidad, simbolizó la reconciliación nacional. Los consensos de aquellos años, impensables décadas atrás, permitieron superar la transición sin ruptura traumática.

El intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 marcó un momento dramático en la historia del Congreso. La irrupción del teniente coronel Tejero y sus guardias civiles en pleno debate de investidura, los disparos al techo del hemiciclo, y las horas de incertidumbre con los diputados retenidos, pusieron a prueba la joven democracia. Las imágenes televisivas del asalto quedaron grabadas en la memoria colectiva. El fracaso del golpe consolidó definitivamente el sistema democrático.

La democracia consolidada ha visto al Congreso adaptarse a nuevas realidades. La integración en la Comunidad Europea en 1986 introdujo la dimensión europea en los debates parlamentarios. El bipartidismo imperfecto entre PSOE y PP dominó tres décadas, con mayorías absolutas que permitieron gobiernos estables pero limitaron el papel de control del Congreso. Las reformas del Reglamento han buscado modernizar procedimientos y aumentar la transparencia.

El edificio histórico ha experimentado sucesivas ampliaciones para adaptarse a las necesidades de un parlamento moderno. La construcción del edificio ampliación en la década de 1970, conectado por un paso subterráneo, proporcionó espacios para despachos, salas de comisiones y servicios. Las nuevas tecnologías se han integrado progresivamente: votación electrónica, retransmisión televisiva de las sesiones, y más recientemente, posibilidades de participación telemática.

La fragmentación parlamentaria posterior a 2015 ha transformado la dinámica del Congreso. La irrupción de nuevos partidos acabó con las mayorías absolutas y obligó a una cultura de pactos antes inédita. Las investiduras fallidas, los gobiernos en minoría y la repetición electoral evidencian las dificultades de adaptación a un parlamentarismo más plural. El Congreso ha recuperado protagonismo como espacio de negociación y acuerdo, aunque también de bloqueo.

La crisis de la COVID-19 supuso un desafío sin precedentes para el funcionamiento del Congreso. Las restricciones sanitarias obligaron a adaptar procedimientos centenarios: sesiones con aforo reducido, votaciones telemáticas, comisiones por videoconferencia. La continuidad del trabajo parlamentario en circunstancias tan adversas demostró la resilencia de la institución y su capacidad de adaptación.

El Congreso actual enfrenta el desafío de mantener su relevancia en una sociedad que demanda inmediatez y transparencia. Las redes sociales han transformado la comunicación política, los ciudadanos exigen mayor participación, y la desafección hacia las instituciones tradicionales crece. La historia del Congreso muestra, sin embargo, una notable capacidad de supervivencia y adaptación a través de profundas transformaciones políticas y sociales.

Tras más de dos siglos de historia, el Congreso de los Diputados permanece como símbolo y sede del poder legislativo español. Su hemiciclo ha sido testigo de los grandes debates nacionales, desde la soberanía nacional proclamada en Cádiz hasta los desafíos territoriales actuales.